El 27 de septiembre de 1991, la sección de economía del periódico El País, en la pluma de Pilar Marcos, economista, periodista y más tarde diputada en el congreso, informaba sobre la creación de un nuevo grupo empresarial, resultado de la integración de INISEL, empresa de capital público y CESELSA, de capital privado, ambas competidoras por los contratos de la administración en materia de defensa e I+D. La nueva entidad, en sus cuatro divisiones tendría como actividad: defensa, electrónica civil, espacio y consultaría y servicios informáticos. INDRA SISTEMAS SA.
Como ya se analizó en un post anterior, a finales del año pasado se reformó el impuesto de plusvalía municipal (IIVTNU), tras haber declarado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, la última de octubre de 2021, el carácter de inconstitucional de determinados preceptos reguladores de este impuesto, en concreto, la forma de determinación de la base imponible.
El pasado 30 de junio finalizó la prórroga de la moratoria concursal decretada en marzo de 2020 con el estado de alarma consecuencia del COVID-19, que eximía a las empresas con problemas de insolvencia de la obligación de solicitar el concurso de acreedores. La moratoria, unida a las ayudas económicas derivadas de la pandemia, especialmente las llegadas desde Europa, generaron una falsa sensación de tranquilidad y permitieron a muchas empresas mantenerse vivas.